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El consejo de administración de Martinsa-Fadesa , después de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tomará medidas luego de que las dificultades financieras que atraviesa la inmobiliaria hayan propiciado su desplome en bolsa, ha actuado: la empresa ha presentado suspensión de pagos, se ha declarado insolvente y pide el concurso de acreedores. La compañía, que carece de liquidez, justifica esta medida con la intención de garantizar la continuidad del proyecto empresarial.
Con esta medida se cierra una jornada negra en la historia de Martinsa-Fadesa que arrancaba con su suspensión en bolsa. La cotización de la compañía fue suspendida por el supervisor bursátil una hora después del inicio de la sesión del 14 de julio cuando caía cerca del 25%y después de que el viernes 11 de julio ya hubiera perdido cerca del 34%.
El motivo de la caída fue el anuncio por parte de Martinsa-Fadesa de que las dificultades para conseguir un crédito de 150 millones de euros podrían suponer el vencimiento anticipado del contrato por el que refinanció 4.000 millones de euros (de una deuda total de 5.100 millones), lo que abocaría a la inmobiliaria a la suspensión de pagos. La obtención de este préstamo forma parte de las condiciones del contrato de refinanciación suscrito el pasado 7 de mayo con un sindicato bancario formado por 45 entidades, que le dio a la inmobiliaria dos meses de plazo para conseguir esos 150 millones de euros con los que poder seguir adelante con su actividad.
Al no conseguir el crédito en el mencionado plazo, Martinsa-Fadesa ha solicitado a sus acreedores un aplazamiento de un mes para poder cumplir con esa obligación. Del total renegociado con el sindicato bancario, 2.579 millones corresponden a la deuda derivada de la compra de Fadesa y 1.422 millones a la deuda operativa a corto plazo, en tanto que los otros 1.100 millones que no entran en el contrato de refinanciación corresponden con los préstamos destinados a la actividad promotora.
En paralelo, la compañía que preside Fernando Martín negocia con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que podría suponer unos 275 despidos en las sedes que tiene en España, aunque aún no se conoce el número definitivo de trabajadores que se verán afectados.
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